25 May 2008 104 views No Comment Print This Post

“El presupuesto en investigación militar es superior

al de las 52 universidades públicas del estado”

El control de las armas españolas es una de las principales reivindicaciones que Albert Camarés lanza desde el Programa de Desarme de l’Escola de Cultura de Pau, del cual es responsable. Desde su creación en 1999 l’Escola estudia y analiza los conflictos y los procesos de paz con el objetivo de trabajar en la construcción de una cultura de paz. El departamento que Camarés dirige ha sido pionero en la lucha a favor de un mayor control y transparencia en las transacciones de armamento que, desde el estado español se hacen a otros países del mundo.

Durante muchos años las ONG han acusado al Gobierno español de secretismo y de poca transparencia a la hora de dar a conocer los datos de exportación y venta de armamento. El Programa de Desarme de l’Escola de Cultura de Pau, del cual eres responsable, ha estado durante mucho tiempo implicado en esta lucha. ¿Qué se ha conseguido?

Progresivamente y después de las campañas que se han hecho, el Gobierno ha ido añadiendo más información a sus informes sobre exportaciones de armamento. Hace 10 años daba los datos más básicos: a qué país se había exportado, la cantidad de armas y el precio de la transacción. Los informes de los primeros años tienen una extensión de 5 o 6 páginas, ahora tienen entre 40 y 50 y se dan datos como el país de destinación o el tipo de arma que se vende a partir de una clasificación general en 21 grandes partidas.

El objetivo ahora es conocer quién será el destinatario final de las armas y saber más detalles sobre el tipo y la calidad del armamento que se vende.

¿Qué proceso sigue una partida de armas desde que una empresa recibe una oferta de compra hasta q las armas llegan al destinatario?

Las empresas que fabrican armamento necesitan licencia del Gobierno para poder exportar. Esta licencia la emite la Junta Interministerial Reguladora el Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso. Esta junta valora el encargo que ha recibido la empresa y decide si le da o no la licencia para exportar.

Según parece, la Junta es el punto clave de las exportaciones. ¿Quién la forma y en qué criterios se basa para conceder licencias?

En respuesta a la primera pregunta, me gusta destacar que la Junta la forman 10 personas: 5 del Ministerio de Industria 2 de Interior, 1 de Defensa, 1 de Economía y 1 de Exterior. Esta composición demuestra que prevalecen mucho más los criterios económicos que los diplomáticos.

Los criterios que se aplican para conceder licencias no se conoce, y esta es una de las principales reclamaciones de las ONG y de l’Escola de Cultura de Pau. La Junta se reúne de forma secreta y sus decisiones se conocen con posterioridad a las exportaciones; es decir, que no hay forma de controlar las transacciones.

La nueva ley del 2008 para el control del comercio de armas no ha conseguido un mayor control sobre la Junta?

No, este era uno de los principales puntos de la propuesta que las ONG presentaron al Gobierno en el 2006, cuando propusieron que se hiciera una ley para regular el comercio de armas.

Pero esta ley determina que, por primera vez, las partidas de armas de caza y tiro deportivo van dentro del paquete de exportaciones armamentísticas. Esta era también una de las cuestiones clave que reclamaban las ONG, no es así?

Sí, hasta ahora el estado español no consideraba las armas de caza y tiro deportivo como material de defensa. Así, por ejemplo, la Cámara de Comercio detectaba cada año exportaciones de munición para caza y tiro deportivo por valor de 2 o 3 millones de euros a Ghana. Actualmente, las exportaciones de munición a Ghana ascienden a 500 millones de balas en un país de sólo 20 millones de habitantes. Eso da una proporción de 25 balas por persona.

La industria armamentística española es un factor a tener en cuenta tanto des del punto de vista político como económico. ¿Cuál dirías que es el papel de este sector actualmente?

La industria armamentística no es un pilar de la economía española, pero el porcentaje que representa sobre el PIB (un 1,2%) debe tenerse en cuenta. Por otro lado, todavía hay una fuerte presión por parte del sector militar, que cree que el porcentaje de Defensa debería ser superior y llegar a niveles como el inglés o el francés, bajo el argumento que se trata de una industria que permite crear puestos de trabajo, generar un tipo de bien qu quizás en un futuro podría necesitarse e investigar en tecnología punta.

A mi me gusta destacar que la investigación militar gana por goleada cualquier otro tipo de investigación en temas de presupuesto. El presupuesto en investigación militar en España es superior al de las 52 universidades públicas del estado.

España está entre los 10 y 15 mayores productores de armas del mundo. No es un lugar en primera fila, pero es un aspecto a destacar. ¿En qué estado actual consideras que se encuentra la industria militar española?

Actualmente no es una industria puntera. El sector debe elegir estrategias de supervivencia como las subvenciones públicas, la fusión o la venta de acciones a empresas extranjeras.

Así, por ejemplo, en el sector naval, la empresa Izar-Navantia recibe el 100% de sus ingresos de subvenciones publicas. En el sector aeronáutico, en cambio, se está buscando la creación de un consorcio europeo para amortizar la fabricación de aviones caros como los Eurofighters. En el caso de armas ligeras y munición, que es el sector en que España tiene un papel más destacado, la empresa Santa Bàrbara Sistemas recibe el 100% de su capital de empresas norteamericanas.

¿Que hay de los países a los cuales se exportan armas?

Esta es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Alrededor del 30% o 40% de los países a los cuales llegan armas españolas violan los pocos criterios internacionales que tenemos para medir a qué países se puede exportar y a cuales no. El otro 60% o 70% va a países que en principio no están en conflicto pero que son susceptibles de vender las armas a terceros estados en conflicto.

Has hablado de criterios internacionales. ¿En qué se basa el Gobierno para determinar a qué países se pueden exportar armas?

Se basan en el Código de Conducta Europeo, un conjunto de 8 recomendaciones promovidas por la Comisión Europea destinados a marcar el código de exportación de armas a los países de la UE. El problema es que los puntos del código son recomendaciones y no son jurídicamente vinculantes.

Por otro lado, la nueva ley establece que debe cumplirse el Código de Conducta, pero utiliza la “defensa de los intereses nacionales” para justificar cualquier exportación que no se ajuste al Código.

Así, importantes clientes de las exportaciones españolas como Colombia, Venezuela, Tailandia, Malasia o Israel no cumplen estos criterios. Incluso consideramos que exportar a Estados Unido no cumple el Código porque está inmerso en el conflicto bélico de Irak.

Así pues, como responsable del Programa de Desarme, qué acciones crees que podrían llevarse a cabo para mejorar la regulación del comercio de armas?

En primer lugar, el Código de Conducta es demasiado abstracto. Concretar algunos puntos del Código ayudaría a establecer una especie de ‘lista negra’ de países donde no se puede exportar y las razones. Por otro lado, hacen falta muchos más aspectos reguladores como que el país de destinación certifique el uso final que se hará de las armas. Además, los criterios de exportación no deberían ser sólo económicos, es necesario valorar el impacto que las armas pueden llegar a tener sobre la población. Lo ideal sería que el mismo Parlamento pudiera decidir sobre estas cuestiones.